Ha entrado en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Publico (Ley 9/2017), sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

Con esta nueva ley se pretende aumentar la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.

Uno de los cambios más interesantes se debe a que se facilitará la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la ley de contratación pública.

Otro de los cambios consiste en los criterios de adjudicación, en los que tendrá relevancia la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores, vinculados al objeto del contrato.

Por lo que para ciertas licitaciones no será necesario acreditar experiencia previa, pero se le da gran importancia a los criterios medioambientales y sociales. De esta forma, se convierte en requisito contar con Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001 y certificaciones en Responsabilidad Social Corporativa, como IQnet SR10, SA 8000.

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